Un centenar de municipios de Cataluña —de distinto signo político— se han plantado ante la Generalitat. El motivo por el que lo hacen, apuesto a que te resulta familiar: el abandono institucional de las urbanizaciones nacidas en los años 60 y 70, y la imposibilidad de que los vecinos asuman derramas millonarias para actualizar redes de agua y viales.
La iniciativa —que nació en 2024 tras la carta que uno de los ediles dirigió al resto— reúne ya a un tercio de los alcaldes de los cerca de 300 municipios con urbanizaciones sin legalizar de Cataluña. Piden cambios legislativos para que estos ‘barrios’ se puedan acoger a subvenciones o líneas de financiación específicas del Instituto Catalán de Finanzas con la que abordar la necesaria mejora de sus servicios esenciales.
Porque estas urbanizaciones presentan déficits de alumbrado, alcantarillado o asfaltado que la normativa obliga a que los vecinos subsanen. ¿Te suena? Muchas urbanizaciones ni siquiera disponen de todas las infraestructuras básicas y las que sí las tienen, necesitan una renovación total que no es asumible para las familias, en opinión de sus ediles: «esta ley no es justa y trabajamos juntos para modificarla«, dicen en medios de comunicación.
A diferencia de donde vives, estos alcaldes no han presionado a sus vecinos para que firmen tal o cual convenio con el que renovar las viejas instalaciones. No. Han ido a exigir responsabilidades arriba, a la administración autonómica, con un llamamiento claro: las leyes actuales están obsoletas, son injustas y asfixian a las familias. No les quitamos ni una coma.
Como explican, no buscan culpables para una problemática que se arrastra desde hace décadas por la inacción de la Administración. Buscan soluciones: «queremos la mejor financiación posible para que la losa de la normativa sobre los hombros de los vecinos sea la menor posible o inexistente«.
Por si te lo preguntas, en el conjunto de Cataluña hay más de 1.500 urbanizaciones, de las cuales cerca de la mitad, unas 700, presentan déficits urbanísticos y están sin recepcionar. Han pasado de alojar las segundas residencias de propietarios con poder adquisitivo en los años 60 y 70, a convertirse en espacios donde viven pensionistas, jóvenes o familias que se alejan de Barcelona por cuestiones económicas. Unas 120.000 personas.
Gracias a la presión conjunta de los alcaldes, ya han conseguido dos hitos que, desde la óptica de nuestro municipio, pueden parecer ciencia ficción:
- Cambios legales: En este tiempo han forzado la aprobación de reformas legislativas para flexibilizar la normativa de urbanizaciones fuera de norma. Aunque no parece suficiente.
- Dinero público: El desbloqueo de algunas líneas de financiación específicas a través del Instituto Catalán de Finanzas para que la administración adelante el coste de las obras básicas, en lugar de exigírselo a los propietarios. Pero hace falta más.
Así que, pese a los avances, los alcaldes no cejan en la presión. Han forzado la creación de una mesa de trabajo con la Generalitat, cuyo primer encuentro será en julio. Allí llevarán sus reivindicaciones que pasan, esencialmente, por la aportación de financiación pública suficiente para adecuar las infraestructuras básicas a las exigencias normativas y la elaboración de un plan director urbanístico específico de urbanizaciones.
Toma buena nota de lo que pueden hacer los políticos cuando se lo proponen. Sin excusas. Sin parapetarse tras leyes obsoletas e injustas. Por una vez, aplicando la ley del embudo al revés: la parte ancha para el ciudadano y la estrecha para la administración.
El Periódico (04/06/2026): Municipios con urbanizaciones sin legalizar exigen cambios normativos para revertir males endémicos
La Vanguardia (marzo de 2026): Revuelta entre los pequeños municipios para poner orden en las urbanizaciones no reguladas
APD (marzo de 2026): La ley 11/2025 abre la puerta a regularizar 730 urbanizaciones y afecta a 120.000 catalanes
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