Una plataforma de once juntas se plantea judicializar (también) el asunto de las partidas presupuestarias indebidas
El comunicado de la plataforma creada por once juntas rectoras de entidades urbanísticas de Valdemorillo para defender los intereses de sus miembros frente el Ayuntamiento -que puedes leer al final de esta entrada- da que pensar, porque anuncia que ha iniciado ya acciones judiciales frente a la conocida como ‘tasa de podas’ y que se plantea hacer lo mismo con los que califica como “supuestos” gastos impropios.
En nuestra opinión, muy seguras han de estar estas juntas del sentir de TODOS los miembros de su entidad cuando sacan de sus bolsillos el dinero necesario para pagar los abogados que los representan sí o sí —lo quiera o no el vecino— en el pleito contra la tasa municipal que hace recaer sobre quien genera el residuo de poda el gasto de su recogida, como manda la Unión Europea haciendo suya la máxima de que ‘quien contamina, paga’.
Y lo mismo aplica para el asunto de los ‘gastos impropios’, ya que ahora la plataforma de las once juntas, creada el 10 de febrero, estudia sumar este tema a su particular cruzada judicial “porque están en riesgo muchos de los servicios que llevan años funcionando, como el de conserjería, piscina, club social y demás«. Textual. Sin sonrojarse y sin ocultar que no saben —o que no quieren saber— a qué se tiene que dedicar una entidad urbanística.
Y nos preguntamos que, si los abogados que han contratado consiguen armar esta curiosa causa contra ‘estar-en-contra’ de los gastos impropios, ¿a quién van a sentar en el banquillo? ¿Al Reglamento General Urbanístico? ¿A la Ley del Suelo? ¿Al Ayuntamiento por intentar que la ley se cumpla en su municipio?
No nos cansamos de repetir que esos servicios tan apreciados a los que se refieren las once juntas se convierten en gastos impropios por el solo hecho de que los soporta una EUCC, y dejan de tener tal consideración si los soporta otro tipo de entidad. ¿Entonces? ¿Por qué las juntas no transfieren esos servicios a entidades con más margen de maniobra en vez de estudiar ir a los tribunales para conseguir el imposible de que les dejen pagarlos como entidad urbanística?
El hecho de que el ayuntamiento haya consentido los gastos impropios durante décadas, mediante el negligente ejercicio de mirar para otro lado, no puede ser la excusa de las juntas para seguir manteniéndolos. Al contrario, lo lógico ahora sería pedir explicaciones de por qué dejaron hacerlo tan mal durante tanto tiempo a los anteriores responsables municipales y a los habilitados nacionales, esos funcionarios que deben evitar que el ayuntamiento se equivoque tanto cuando actúa como cuando no lo hace. Algunos siguen en la política municipal y se sientan en el Pleno actual, es fácil dar con ellos.
Y, por cierto, matar al mensajero, señalando al letrado, al concejal del ramo o al vecino que impugna, no parece la fórmula más eficiente de abordar un problema que afecta muy especialmente a los empleados de las entidades urbanísticas. Aunque desaparecieran de una tacada el vecino impugnador, el concejal y el letrado, el problema de los gastos impropios no desaparecería para las entidades.
Ojalá se desengañen las juntas rectoras y entiendan que las entidades urbanísticas no pueden ofrecernos el futuro que merecemos los vecinos de las urbanizaciones. Ahí va nuestro ruego a los miembros de estas juntas: por favor, dejen de ser la orquesta que sigue tocando mientras el barco se hunde.
Por si te lo preguntas, las entidades que, hasta el momento forman parte del ‘pacto de febrero’ (se pueden seguir uniendo), son: Cerro Alarcón I, Pino Alto Sector Sur, Pino Alta Cazadero Real, Montemorillo, La Pizarrera, Las Mojadillas, La Esperanza, Los Barrancos, Parque de las Infantas, Jarabeltrán y El Paraíso.
barrio cerro alarcón 
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