¿De quién es la tubería… y de quién la responsabilidad?

El autor de esta entrada es un vecino que prefiere mantener el anonimato 

En la urbanización Cerro de Alarcón tenemos un problema serio. Muy serio. Aunque, como suele pasar con los problemas serios, lleva décadas entre nosotros sin que nadie le haya hecho demasiado caso. 

Las instalaciones de agua sanitaria tienen unos 50 años. No es una forma de hablar: medio siglo. Y no solo son antiguas, sino que además están hechas de fibrocemento con amianto, ese material maravilloso que durante años se usó alegremente y que hoy está prohibido en España desde 2002 por motivos de salud más que evidentes. [Aquí tienes lo que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto] 

Durante todo este tiempo, las roturas —cada vez más frecuentes, porque las tuberías ya han dicho “hasta aquí”— han sido reparadas por el personal de mantenimiento de la propia urbanización. Personal que, conviene subrayarlo, no tiene formación ni autorización para manipular amianto. 

Hasta que alguien —anónimamente, como suelen llegar estas cosas— avisó a la Inspección de Trabajo. Y la Inspección hizo lo que suele hacer cuando ve amianto, riesgo laboral y trabajadores sin protección: prohibió inmediatamente que los empleados siguieran manipulando esas tuberías y ordenó que las reparaciones las realice una empresa especializada inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto). 

Consecuencia directa: una sanción que podría rondar los 200.000 euros para la Entidad Urbanística. Nada excesivo, al parecer, para una urbanización que solo pretendía que saliera agua del grifo. 

Y eso sin entrar en el escenario más inquietante: que alguno de esos trabajadores enferme en el futuro. Porque el amianto es paciente, tarda años —incluso décadas— en dar la cara. Si eso ocurriera, la tragedia personal sería enorme… y la responsabilidad económica para la Entidad, también.  

Lo que dice la ley (por si alguien no lo sabía). La normativa es clara. Clarísima:

• El amianto está prohibido desde 2002. 
• Solo pueden manipularlo empresas autorizadas e inscritas en el RERA. 
• Permitir que personal no cualificado lo manipule es una infracción laboral grave. 

Por tanto, la EUCC responde por: 

• Permitir la manipulación de amianto por personal no autorizado.  
• No estar inscrita en el RERA. 
• Poner en riesgo la salud laboral de sus trabajadores. 

Y, llegado el caso, afrontará recargos de prestaciones del 40–50% si se reconocen enfermedades profesionales. 

Hasta aquí, todo bastante claro. 

Pero… ¿y el Ayuntamiento?  

Y aquí viene la pregunta incómoda. 

Porque la EUCC no apareció por generación espontánea. La constituyó el propio Ayuntamiento de Valdemorillo, que durante 50 años ha cargado a la urbanización con gestiones, responsabilidades y costes que son propios de un Ayuntamiento… sin tutelarla jamás. 

Tutelar era, de hecho, su única obligación real respecto a la Entidad. Y no lo ha hecho. 

¿De verdad puede alegarse desconocimiento de que las tuberías eran de fibrocemento? 

¿Durante medio siglo nadie pensó en revisar una infraestructura con amianto? 

¿Nadie advirtió que los trabajadores no podían legalmente reparar esas conducciones? 

Todo ese conocimiento era fácilmente accesible. Bastaba con mirar. O con preguntar. O con cumplir con la obligación de tutela. 

En resumen (para que no se nos escape lo importante) 

El Ayuntamiento sí puede tener responsabilidad administrativa o patrimonial por: 

• No haber ejercido la tutela durante décadas. 
• No vigilar una infraestructura que contenía amianto. 
• No impedir que trabajadores no autorizados manipularan un material prohibido. 
• Mantener una urbanización sin recepcionar durante 50 años. 

Al final, el problema no es solo de tuberías viejas. Es de responsabilidades aún más antiguas… y de silencios demasiado largos. 

¡Gracias por leernos!

Imagen de Freepik desarrollada por IA

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