El ministerio fiscal descarta la vía penal para dirimir la falta de tutela de las EUCs de Valdemorillo que reconoce abiertamente el Consistorio
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación abiertas por si el Ayuntamiento de Valdemorillo incurría en prevaricación administrativa al permitir irregularidades en una EUC del municipio, Ampliación Cerro Alarcón. Ojo, no lo ha archivado porque no haya materia, sino porque el ministerio fiscal entiende que los hechos denunciados se deben depurar en la vía contencioso-administrativa, no en la penal.
Se puede llegar a entender. Lo que no se entiende es que el Consistorio de Valdemorillo, para exculparse ante la Fiscalía, haya elevado un informe en el que dice —¡hasta cuatro veces!— que nada tiene que ver con los tejemanejes de la junta rectora de esa entidad porque, agárrate, “los ayuntamientos no tienen atribuido legalmente el ejercicio de control de la gestión de una EUC”. Hace falta valor para argumentar de esta forma su inocencia, desentendiéndose de los vecinos de sus urbanizaciones.
No obstante, así se entiende mejor que las juntas rectoras funcionen como anárquicos reinos de taifas, excediendo sus competencias y haciendo oídos sordos a las recomendaciones y resoluciones del Ayuntamiento. Normal, si su órgano tutor no tiene atribuida la función de controlarlas, ¡a qué se mete en sus cosas!
Estamos deseando que llegue el próximo Pleno para poder preguntar al alcalde qué institución fiscaliza la gestión de las EUCs en ausencia del Ayuntamiento. Porque suponemos que un ente de derecho público, dependiente del consistorio, creado por él y al que sustituye en la prestación de determinados servicios municipales, tendrá que rendir cuentas ante algún organismo en un país en el que hasta la Corona tiene que justificarse. ¿O no es el caso y resulta que vivimos en pequeñas repúblicas bananeras del tamaño de una urbanización?
De paso, cuando se sepa a quién corresponde controlar a las EUCs, que alguien se lo comunique, por favor, a la propia Fiscalía, que anda tan desinformada como nosotros y se refiere al “pertinente control del ayuntamiento al que pertenecen”. Llega a decir que los consistorios“deben contar con organismos de control para la gestión de las actividades y la supervisión de dichas EUCC”. Vamos, unicornios color arco iris.
En otro orden de cosas, produce especial sonrojo que el Ayuntamiento se refiera a sus pronunciamientos contra los gastos impropios —algunos en respuesta a nuestros recursos de alzada— explicando que se ha instado a la junta a eliminarlos,“pero sin carácter coercitivo”. No, claro, no se vayan a sentir obligados los miembros de la junta. Ya se entiende por qué no cumplen.
La cara más amarga de la titánica determinación de nuestro Ayuntamiento por marcar distancias respecto a sus EUCs —en breve, ‘esas EUCs de las usted me habla’—, es que supone dejar a su suerte a más de la mitad de los vecinos empadronados en el municipio. Una declaración en toda regla de desidia, dejadez y falta de respeto hacia unos ciudadanos a los que obliga a pertenecer a entes públicos que luego no controla. Y su consagración, con permiso de Stieg Larsson, como el Ayuntamiento que no amaba a los vecinos de sus urbanizaciones.
¡Gracias por leernos!
Si te quedas con ganas de más, aquí tienes el decreto de archivo de diligencias de la Fiscalía Provincial de Madrid. Es largo, avisamos.
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barrio cerro alarcón 
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