La urbanización eludió la obligación de convertirse en entidad urbanística que exigía la CAM para regularizarla
Tenemos la pregunta, pero no encontramos la respuesta. ¿Por qué los propietarios de la urbanización ‘Las Charquillas’ no se constituyeron en entidad urbanística para la conservación de su ámbito, pese a ser una de las condiciones impuestas por la Comunidad de Madrid en mayo de 1988 para regularizar su situación de ilegalidad? La CAM, a través del entonces Servicio de Urbanizaciones Ilegales — ahora se llama Disciplina Urbanística—, cumplió con su parte y recalificó unos suelos en los que nunca se debió haber construido. Pero de la obligación de constituir una entidad urbanística de conservación en un plazo de no más de tres meses, nunca más se supo. Ojo, que los propietarios aceptaron esta condición, la de constituirse en EUCC, en un acto documentado ante la CAM que también fue ratificado por el alcalde de entonces, José Partida Ventura.
Papel mojado, porque ‘Las Charquillas’ se libró de constituirse en EUCC pese a la exigencia de la CAM. Otras 14 urbanizaciones del municipio, sin embargo, no tuvieron la misma suerte. Del mismo modo que una entidad fue recepcionada, pero el resto, no. ¿Caben más arbitrariedades por metro cuadrado que las que soportamos en Valdemorillo?
Aunque hablamos de cosas que ocurrieron hace décadas, parece que esta manera arbitraria de proceder, que alimenta el agravio comparativo entre vecinos, no ha acabado. Y si no fíjate en cómo afrontamos el pago del cambio de las conducciones de agua: a una urbanización, se lo ha pagado un promotor; otra asume una cuota suplementaria en su factura durante 50 años; una más aprueba un convenio que estipula una derrama equis a pagar en 10 años. Y lo que nos quedará por ver. Si nuestros responsables políticos persisten en su empeño, seguro que pueden encontrar 14 maneras distintas de pagar por el mismo concepto. Están más cerca de conseguirlo.
Es de agradecer la determinación del vecino que ha insistido por tener acceso al expediente completo sobre ‘Las Charquillas’. Una documentación de carácter público y de indudable interés que debería haber estado siempre a disposición de quien la hubiera requerido para su consulta. Por si es tu caso, adjuntamos uno de los documentos con mas enjundia.
Te traemos algunas otras cosas:
Más que una valla. La calle de los Montes vuelve a comunicar las urbanizaciones de Cerro 1 y Ampliación Cerro Alarcón después de que el ayuntamiento haya retirado el vallado que bloqueaba el vial. Los argumentos del vecino que ha peleado por conseguirlo —más tiempo del deseable, aunque bien está lo que bien acaba— han sido ratificados por el informe emitido por el aparejador municipal sobre el asunto. Un informe que viene a decir que se trata de un vial público recogido en las normas subsidiarias de 1987, por lo que no puede permanecer cerrado al tránsito. La actuación municipal supone, por tanto, reponer la legalidad, escuchar al ciudadano y recordar a la junta o las juntas que han hecho posible este despropósito que ni las calles ni las competencias sobre urbanismo son suyas. Zapatero, a tus zapatos.
A puerta cerrada. La segunda reunión entre ayuntamiento y presidentes de las entidades urbanísticas de Valdemorillo se celebró como la primera, a puerta cerrada. Sin luz, sin taquígrafos y sin la presencia de los vecinos para quienes ayuntamiento y juntas dicen trabajar. ¿De qué no quieren que nos enteremos? Para cubrir las apariencias, el consistorio publicó una especie de noticia-cascarón, absolutamente vacía de contenido. Otra oportunidad perdida para estar a la altura del interés que despierta el asunto y la transparencia que merecemos los vecinos.
Propio o impropio, ¿qué gasto te gusta más? La junta de Puentelasierra ha propuesto a sus vecinos que voten a qué gastos quieren que se dé prioridad con el dinero de sus cuotas. Algunos son de lo más impropio para una EUCC, como espacios para fiestas y propuestas culturales (¿de verdad?) o la mejora de los servicios de consejería (increíble, pero cierto). ¿Qué pretende la junta? ¿Santificar los gastos impropios por aclamación popular? En el último pleno municipal, una vecina de esta urbanización preguntó al equipo de gobierno que hasta cuándo se propone ser cómplice de que se desvíe dinero público para gastos privados con total impunidad. Una pregunta pertinente que quedó sin responder.
¿Cuánto hemos pagado ya al Canal? A finales de julio, el ayuntamiento decía no saber cuánto llevamos pagado los vecinos del casco y de Ampliación Cerro Alarcón en concepto de cuota suplementaria, la que sufraga el cambio de tuberías. La cosa tiene su miga, porque en el momento en que se amortice la inversión hecha por el Canal, dejaremos de pagar dicha cuota. Por el contrario, si pasados los 50 años de vigencia del convenio aún no se hubiera amortizado, el ayuntamiento tendría que abonar el resto. Es decir, pagaríamos ese remanente todos los vecinos, incluidos los de otras urbanizaciones no sujetos a este convenio. ¿Es mucho pedir que alguien en el consistorio haga valer la cláusula decimonovena del convenio que establece que anualmente la empresa remitirá o pondrá a su disposición un informe que, entre otros importes, especifica lo abonado en concepto de cuota suplementaria? Por si te interesa, ahí tienes el convenio
Del silencio del ayuntamiento, al juzgado. Hemos conseguido que el ayuntamiento emita los certificados de silencio administrativo correspondientes a dos recursos, uno, sobre gastos impropios y otro, sobre el ‘apagón informativo’ de Cerro 2. Y, con ellos bajo el brazo, nos vamos a los tribunales. Ojo que el ayuntamiento no se libra de la obligación de contestar los recursos, pese a emitir los certificados. De hecho, sería lo suyo antes de que el juzgado se lo exija. En cualquier caso, es tristísimo que tengamos que pedir en otras instancias el amparo que nos debería brindar la que dice ser la administración más cercana al ciudadano.
Iuris local sigue con nosotros. El gabinete jurídico externo que ayudó a cambiar la visión de corporativos y vecinos de Valdemorillo sobre las entidades urbanísticas, continúa trabajando para nosotros. Aunque se dijo en pleno que el ayuntamiento había prescindido de sus servicios —por causas nunca bien explicadas—, ahora leemos que el consistorio estima sus alegaciones y pone fin al “procedimiento sancionador”. ¿Procedimiento sancionador? ¿Qué ha pasado? Hemos preguntado, pero no nos explican. Parece que los abogados que nos han ayudado a entender qué son los gastos impropios y cómo ha de acometerse la disolución de las EUCCs, no están despedidos (aún), y seguirán algún tiempo más con nosotros. Pero lo justo hasta la próxima licitación del servicio, que tampoco nos confirman cuándo será. Por lo que sea, no gustan. Quisiéramos saber por qué.
¡Gracias por leernos!
Valencia, en el corazón
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