El Consejo de Transparencia vence la resistencia numantina de la entidad urbanística a informar a sus miembros
Si vives en Ampliación Cerro Alarcón y piensas que debes estar informado por quienes gestionan en tu nombre y con tu dinero la urbanización en la que vives, te estarás frotando los ojos o al borde de un ataque de incredulidad. Pero sí, después de décadas ya puedes acceder, si ese es tu deseo, a la información de una entidad urbanística que se ha querido distinguir por su opacidad. Y damos fe que lo ha conseguido.
Este cambio no se ha debido a que los miembros de la junta rectora hayan sufrido un proceso súbito de conversión a la democracia, sino más bien a la intervención del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, que ha exigido que se abran de una vez por todas las compuertas que dan acceso a la información de una entidad para la que el calificativo de hermética se queda corto.
La junta ha obedecido este mandato —ojo al dato— el último día del plazo que daba la institución. Una muestra de que han arrastrado los pies hasta el final, pero también de que ha resultado más fuerte nuestro derecho a la información que su resistencia a dar cuentas de una gestión, que, ya te avanzamos, deja mucho que desear.
Nos hemos asomado a una pequeña parte de las actas que recogen más de 40 años de gobierno de la entidad, y te confesamos que no nos gusta lo que hemos visto. No queremos ni pensar qué podría encontrar un ojo entrenado para detectar infracciones administrativas y contables.
Te hacemos un pequeño, pequeñísimo repaso de algunos acuerdos —puedes llamarlos barbaridades sin faltar a la verdad— que se han aprobado en junta y que aparecen en las actas de la entidad:
- Son varios los acuerdos adoptados para restringir el acceso a la información tanto a los vecinos de la entidad como, ¡agárrate!, a algunos miembros de la junta rectora. Entendemos que se trata de un intento de la junta para dotarse de cierta cobertura con la que menoscabar sin consecuencias nuestro derecho a ser informados. Papel mojado, acuerdos que no solo no protegen a los representantes de la junta, sino que los deja aún más expuestos.
- No se atienden las peticiones del órgano tutor, el ayuntamiento. Hemos leído con asombro cómo se acuerda, por ejemplo, no responder la solicitud para entregar las cuentas de la entidad para ser revisadas por la concejalía del ramo. O cómo se da la callada por respuesta a la petición del ayuntamiento para hablar a los vecinos sobre la recepción. Sin duda, porque debe ser mejor para nosotros que solo escuchemos una versión, la de la junta.
- Las batallas judiciales merecen capítulo aparte. Un avance: a nuestra junta le gusta un contencioso más que a un tonto un lápiz, porque aprueba reiteradamente renovar un contencioso-administrativo para que el ayuntamiento reconozca la recepción de la urbanización, obviando que para ser EUCC es condición necesaria que la urbanización esté recepcionada y pese añadir acto seguido que ¡se tiene constancia documental de dicho reconocimiento por parte del consistorio! O sea, con pleno conocimiento de que nos embarcan a todos en un esfuerzo judicial tan estéril como caro.
- Nos ponemos especialmente serios para hablar de la situación del personal. La junta deja por escrito que sabe que los empleados no han sido contratados adecuadamente, y que su convenio —trabajadores de fincas urbanas— no les permite realizar las labores de mantenimiento que requiere una entidad urbanística de conservación. ¿Solución? Se les sube el sueldo para que firmen un anexo por el que asumen unas competencias que desbordan los límites de su convenio —y, por tanto, de muy dudosa legalidad—.
- Y rematamos con el apartado del dinero. De los gastos impropios solo añadiremos, a lo mucho que ya hemos comentado en este blog, que duele ver la última factura de la cena anual que pagamos entre todos a los miembros de la junta rectora [porque se ha hecho siempre, dicen] O cómo siguen tratando el asunto de las fiestas de la urbanización incluso cuando ya está interpuesto el recurso contra los gastos impropios y, por tanto, conociendo su inconveniencia. También hemos visto contrataciones a dedo o trocear gastos —además de impropios, no aprobados específicamente en asamblea— en varias partidas presupuestarias. En fin, un capítulo, el del dinero, que también admite un amplio margen de mejora.
La apertura de esta ‘caja de Pandora’ va a dar para mucho. Ya avanzamos que preguntaremos muy seriamente al ayuntamiento qué piensa hacer al respecto, porque los papeles que hemos visto —que, por cierto, llevan el sello del consistorio— reflejan que se han cometido infracciones —y graves— , y posiblemente algo más, ya que hablamos de ocultación, administración negligente o impedir el ejercicio de los derechos cívicos.
Recomendamos a quien tenga interés sobre el particular la lectura de la entrada sobre Transparencia y Responsabilidad Penal del blog especializado en Transparencia y Gobierno Abierto de Miguel Angel Blanes. Su autor es tan interesante como su blog, ya que empezó su actividad profesional como auxiliar administrativo de un ayuntamiento, pero, cansado de la opacidad y el silencio administrativo, escribió una tesis doctoral sobre “La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”, por la que obtuvo la calificación de sobresaliente ‘cum laude’. Actualmente es técnico jurídico en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana.
Ilustración de @julos
barrio cerro alarcón 
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