barrio cerro alarcón

Experiencias y reflexiones sobre vivir en una entidad urbanística que no debería serlo


El Consejo de Transparencia reprocha al Ayuntamiento de Valdemorillo la opacidad de una entidad urbanística

El organismo insta a informar a los vecinos 

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid busca corregir el ‘apagón informativo’ de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Ampliación Cerro Alarcón con una resolución que centra su atención en el órgano tutor, el Ayuntamiento de Valdemorillo, al que requiere para que facilite la información solicitada por algunos vecinos, «una documentación de carácter público relacionada con las funciones que ejerce la EUCC«. 

Es la segunda resolución que el organismo emite contra las prácticas opacas de la misma entidad y, por si te preguntas qué es eso tan insólito que piden los vecinos y que la junta deniega, te diremos que se trata de las actas de sus reuniones mensuales y el contrato de la empresa de administración.  

Lo que viene a ser el cumplimiento, no ya de las leyes de Transparencia —que muy probablemente les produzcan urticaria—, sino de los sacrosantos Estatutos que la junta dice defender, y que consagran el derecho de los vecinos a la información y a la impugnación de los acuerdos. Porque ¿alguien nos puede explicar cómo se puede impugnar un acuerdo que desconoces que ha sido adoptado? ¿Es tan estrambótico esperar que la junta informe a los vecinos qué acuerda hacer en su nombre y con su dinero? 

Llama la atención que el Consejo ponga en esta segunda resolución el foco en el Ayuntamiento, al que ordena que cumpla con su obligación de facilitar la información solicitada, subrayando su papel como entidad responsable de la supervisión de la EUCC. “La potestad de tutela y vigilancia”, dice el Consejo, “incluye la fiscalización y control de la entidad”. [Toma nota, Ayuntamiento. En eso, y no en mirar para otro lado, consiste ser el órgano tutor] Además, afea al consistorio que haya dado la callada por respuesta y no haya dirigido ningún escrito de alegaciones durante la tramitación de la queja.

Permítenos que a estas alturas del post barramos una vez más para casa, porque esta resolución viene a confirmar nuestra sospecha de que el consistorio posiblemente mantiene entidades urbanísticas por encima de sus posibilidades o, como poco, de su capacidad de control, y, al final, la disolución puede convertirse en el menor de sus problemas. Ahí lo dejamos como idea. 

El Consejo de Transparencia también se despacha con la entidad, especialmente cuando ésta alega que la ‘visualización’ del contrato de administración —firmado ¡en el año 2000!, que ahora ostenta una concejal de la oposición y antes el actual presidente de la EUCC, cuando también era su secretario— no es posible al estar en “proceso de búsqueda”, porque dice que se ha extraviado. No ha colado. Dice el Consejo que, “esa aseveración, al margen de su falta de rigor técnico, es ciertamente sorprendente” [a nosotros también nos lo parece], y entiende que “obtener el contrato original o una copia no debería plantear complejidad alguna”. Puro surrealismo.

La resolución hace referencia a una comunicación del concejal de Urbanizaciones en el que requería a la entidad para que hiciera entrega de la documentación a los vecinos y a la primera resolución del Consejo de Transparencia, de finales de 2023. Ni una ni otra han conseguido que la entidad abandone sus prácticas opacas, como tampoco lo ha logrado la resolución de un recurso de alzada en el mismo sentido. Nada. Puro ostracismo.

El Consejo de Transparencia da veinte días para que tengamos acceso a la información. Tic, tac, tic, tac. ¿Qué crees que ocurrirá? ¡Se admiten apuestas!  

Imagen de Freepik 



7 respuestas a “El Consejo de Transparencia reprocha al Ayuntamiento de Valdemorillo la opacidad de una entidad urbanística”

  1. Si el administrador ha sido incapaz de conservar su propio contrato —firmado nada menos que en el año 2000 y ahora misteriosamente ‘extraviado’—, ¿cómo pretende salvaguardar los derechos de los vecinos que le pagamos? ¿O será más bien que esta desaparición le viene de perlas para seguir evitando que conozcamos una realidad que prefiere mantener oculta? En cualquier caso, esto dice muy poco —más bien nada— en favor de su gestión.

    Lo verdaderamente extraviado aquí no es el contrato, sino la decencia.

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    1. Pues sí, nos sobran los motivos para recelar del empeño que pone esta junta en no publicitar su gestión y en negar el acceso a la documentación de la entidad, de carácter público, recordemos. Por cierto, tampoco hace llegar a los vecinos información relevante del Ayuntamiento, como la reciente comunicación sobre el nuevo sistema de recogida de podas. Habrá que pedir al Ayuntamiento que se busque las habichuelas para hacérnoslo llegar sin el concurso de esta junta (a la que ¿podría y debería inhabilitar por mala praxis?)

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  2. La creciente demanda de transparencia y acceso a la información por parte de la sociedad es un clamor que no podemos ignorar. Cada vez más, los ciudadanos exigimos conocer en detalle las actuaciones de los poderes públicos, aspiramos a un acceso libre y sencillo a la información, y deseamos comprender qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto se invierte en los gastos que nos afectan a todos.

    Mi experiencia, marcada por mi participación en la junta de gobierno de Cerro Ampliación en los años noventa, me ha confrontado con la realidad de la opacidad en la gestión pública. En aquel entonces, fui testigo de cómo las decisiones se tomaban entre tres personas, excluyendo la participación de otros miembros y, por ende, de la ciudadanía. La frustración y la impotencia me llevaron a alejarme, pero la situación persiste. El mismo administrador de entonces ocupa hoy la presidencia, lo que me lleva a calificar estas prácticas como crónicas.

    Siento que todos compartimos la culpa de esta situación. La falta de vigilancia y la pasividad ciudadana han permitido que estas prácticas se perpetúen. Sin embargo, creo firmemente que es momento de cambiar. La transparencia no es un lujo, sino un derecho fundamental. El acceso a la información pública es esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública.

    En España, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece el marco legal para garantizar este derecho. Es crucial que como ciudadanos conozcamos y ejerzamos este derecho, exigiendo la máxima transparencia en la gestión.

    Junto con Alicia, les invito a reflexionar sobre esta situación y unirnos en la defensa de la transparencia y la participación ciudadana. Solo así podremos construir una sociedad más justa y democrática.

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    1. El anterior anónimo es de Jesús González Martin. Perdón.

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    2. Gracias por una aportación tan valiosa. Tengo la sospecha de que esta junta es un auténtico ‘vivero’ de activistas pro-disolución. No sois pocos los que, después de participar en la misma, salís escaldados, pidiendo que se ponga fin a este disparate que se llama entidad urbanística (y que, mientras dura el disparate, se informe adecuadamente a los miembros y se gestione con decencia). Lo que viene a ser una cuestión de mínimos

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  3. Lo que no es decente es que se tenga que solicitar información pública al Consejo de Transparencia de la CAM. El Ayto como órgano debe hacer lo posible para que tenga acceso todo el mundo y tomar medidas a los responsables de las juntas gestoras que no lo facilitan.

    Pero el problema es que el Ayuntamiento no puede estar continuamente de policía de las Juntas gestoras de las EUC’s, y mas cuando todas ellas se le han subido a las barbas porque durante años no han sido controladas. Hoy en día, incluso obvian resoluciones y notificaciones del propio órgano rector porque están por encima del mismo «ejem, con el tema de gastos impropios)

    Siendo insostenible esta situación, debiendo controlar 16 urbanizaciones, se debe insistir en la urgencia de los procesos de disolución de las urbanizaciones, pues es la única manera que el Ayuntamiento pueda tomar el control de una forma mucho mas sencilla, pero sobretodo, hará algo mas importante, que será equiparar en derechos y obligaciones a todos sus vecinos del municipio.

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    1. No puedo estar mas de acuerdo con lo expuesto en este comentario. Además, creo que las juntas no son conscientes de que su resistencia a aceptar la realidad inapelable de que las entidades urbanísticas no son para siempre y sus malas prácticas (por no hablar de la falta de reconocimiento de su posición subordinada respecto al órgano tutor) están consiguiendo lo contrario de lo que se proponen. Están poniendo la alfombra roja a un proceso de disolución que, como bien dices, es una cuestión de simple decencia política, de equiparar a todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Gracias por aportar tu opinión

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