El organismo insta a informar a los vecinos
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid busca corregir el ‘apagón informativo’ de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Ampliación Cerro Alarcón con una resolución que centra su atención en el órgano tutor, el Ayuntamiento de Valdemorillo, al que requiere para que facilite la información solicitada por algunos vecinos, «una documentación de carácter público relacionada con las funciones que ejerce la EUCC«.
Es la segunda resolución que el organismo emite contra las prácticas opacas de la misma entidad y, por si te preguntas qué es eso tan insólito que piden los vecinos y que la junta deniega, te diremos que se trata de las actas de sus reuniones mensuales y el contrato de la empresa de administración.
Lo que viene a ser el cumplimiento, no ya de las leyes de Transparencia —que muy probablemente les produzcan urticaria—, sino de los sacrosantos Estatutos que la junta dice defender, y que consagran el derecho de los vecinos a la información y a la impugnación de los acuerdos. Porque ¿alguien nos puede explicar cómo se puede impugnar un acuerdo que desconoces que ha sido adoptado? ¿Es tan estrambótico esperar que la junta informe a los vecinos qué acuerda hacer en su nombre y con su dinero?
Llama la atención que el Consejo ponga en esta segunda resolución el foco en el Ayuntamiento, al que ordena que cumpla con su obligación de facilitar la información solicitada, subrayando su papel como entidad responsable de la supervisión de la EUCC. “La potestad de tutela y vigilancia”, dice el Consejo, “incluye la fiscalización y control de la entidad”. [Toma nota, Ayuntamiento. En eso, y no en mirar para otro lado, consiste ser el órgano tutor] Además, afea al consistorio que haya dado la callada por respuesta y no haya dirigido ningún escrito de alegaciones durante la tramitación de la queja.
Permítenos que a estas alturas del post barramos una vez más para casa, porque esta resolución viene a confirmar nuestra sospecha de que el consistorio posiblemente mantiene entidades urbanísticas por encima de sus posibilidades o, como poco, de su capacidad de control, y, al final, la disolución puede convertirse en el menor de sus problemas. Ahí lo dejamos como idea.
El Consejo de Transparencia también se despacha con la entidad, especialmente cuando ésta alega que la ‘visualización’ del contrato de administración —firmado ¡en el año 2000!, que ahora ostenta una concejal de la oposición y antes el actual presidente de la EUCC, cuando también era su secretario— no es posible al estar en “proceso de búsqueda”, porque dice que se ha extraviado. No ha colado. Dice el Consejo que, “esa aseveración, al margen de su falta de rigor técnico, es ciertamente sorprendente” [a nosotros también nos lo parece], y entiende que “obtener el contrato original o una copia no debería plantear complejidad alguna”. Puro surrealismo.
La resolución hace referencia a una comunicación del concejal de Urbanizaciones en el que requería a la entidad para que hiciera entrega de la documentación a los vecinos y a la primera resolución del Consejo de Transparencia, de finales de 2023. Ni una ni otra han conseguido que la entidad abandone sus prácticas opacas, como tampoco lo ha logrado la resolución de un recurso de alzada en el mismo sentido. Nada. Puro ostracismo.
El Consejo de Transparencia da veinte días para que tengamos acceso a la información. Tic, tac, tic, tac. ¿Qué crees que ocurrirá? ¡Se admiten apuestas!
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