El consistorio resuelve dos recursos a favor de vecinos de la entidad
De una tacada, el ayuntamiento de Valdemorillo ha estimado dos recursos planteados contra la entidad urbanística colaboradora de conservación Ampliación Cerro Alarcón por gastos impropios —que persisten pese a la resolución del pasado ejercicio— y por el incumplimiento sistemático del deber de informar de su junta rectora. Ambas resoluciones, cómo no, se pueden apelar.
¿Qué es lo que dice el ayuntamiento en esta oportunidad sobre los gastos impropios?
- Estima el recurso y declara nulos los gastos de conserjería y cualquier otro que exceda la obligación de cualquier EUCC de conservar las obras de urbanización.
- Insta a la entidad a aprobar en una nueva asamblea exclusivamente partidas de gastos que se correspondan con sus competencias.
- Y requiere que se elimine de las futuras convocatorias la advertencia de que no podrán votar en la asamblea los vecinos que no estén al corriente de pago —lo que se venía haciendo al amparo de la Ley de Propiedad Horizontal, pese a que no aplica para las entidades urbanísticas salvo que lo especifiquen sus estatutos—, e indique que podrán votar todos los vecinos, sin excepción.
¿Y sobre el apagón informativo?
- Estima igualmente el recurso y declara que ser miembro de la entidad es condición suficiente para poder solicitar y obtener información sin que se puede limitar ni sujetar el acceso a la misma a consideraciones tales como si existe o no un interés legítimo.
- Insta a la EUCC a publicar de forma pertinente y efectiva los acuerdos adoptados por los distintos órganos de la entidad y, en general, cualquier asunto relevante.
- Dice asimismo que se deberá incluir en el orden del día de las asambleas los puntos que propongan los miembros de la entidad o justificar de forma motivada y suficiente la denegación.
Y llegados a este punto, nos preguntamos, ¿cuántas veces tiene el mismo consistorio que declarar nulas algunas partidas presupuestarias de la misma entidad urbanística para que esa nulidad surta efecto? Ya vamos por la segunda vez consecutiva que el Ayuntamiento de Valdemorillo lo hace, y esta situación, si no se revierte, tiene visos de convertirse en nuestro particular Día de la Marmota.
También nos preguntamos qué hará ante esta segunda resolución la junta rectora de la EUCC Ampliación Cerro Alarcón. ¿Acatar y corregir o enrocarse y recurrir? El pasado ejercicio, cuando el ayuntamiento —el órgano tutor— requirió a la entidad para que elaborara un nuevo presupuesto sin gastos impropios y convocara una nueva asamblea para aprobarlo, la junta dimitió casi en bloque, adoptó unas medidas aleatorias —como cerrar la pista de pádel después de permitir que se vandalizara— y recurrió la resolución el último día del plazo de tres meses que tenía para hacerlo.
Con esta práctica dilatoria —puedes llamarla artimaña— la junta consiguió hacer caso omiso del mandato del ayuntamiento del que depende: ganó el tiempo que necesitaba para convocar una asamblea extraordinaria en la que sustituyó a los miembros dimitidos — aunque la mayoría resultaron ser, curiosamente, repetidores—, y una ordinara en la que aprobó un presupuesto que volvía a contener gastos impropios, como prueba la nueva resolución del ayuntamiento. Y, desde el minuto uno, no se ahorró el placer de señalar con inquina a quienes habíamos presentado el recurso de alzada.
Veamos qué hacen en esta oportunidad. Vaya por delante que defendemos el derecho de la junta a recurrir y defender su posición por la vía administrativa y/o judicial —¡solo faltaba! —, aunque ojalá que lo haga con prácticas menos torticeras —es una expresión judicial, conste— y dañinas para los intereses de los miembros de la entidad.
La derivada más delicada del asunto de los gastos impropios es, de lejos, la de los empleados. A este respecto, dicen algunos miembros de la junta que nuestra intención es despedirlos, posiblemente en un intento de desviar la atención de la responsabilidad de quienes aprobaron la contratación indebida de personal de fincas urbanas —conserjes— y solo personal de fincas urbanas —carecemos de empleados de otro tipo— para mantener y conservar una entidad urbanística, a pesar de que no lo permite su convenio colectivo.
Que sepas que la junta sabía lo impropio que es, como se puede leer, entre otras, en el acta de la junta de rectora de diciembre de 2021: «Se comenta la situación de que el personal podría no estar obligado a realizar trabajos de mantenimiento al ser empleados de fincas urbanas y se propone firmar un documento por el que los trabajadores reconozcan esos trabajos que vienen realizando a cambio de un plus económico«. ¡Como si fuera tan fácil burlar un convenio! El suyo dice específicamente que queda excluido “el personal dedicado a la vigilancia, conservación y limpieza de una finca urbana ocupada totalmente por una entidad«. (art. 3)
Choca también que su contratación, por lo que sabemos, sea indefinida para una entidad llamada a extinguirse cuando acaben sus fines, lo que, por cierto, ya ha pasado hace tiempo. ¿Acaso quienes los contrataron albergaban la secreta esperanza de que la entidad perviviera por siempre jamás? Aunque desapareciéramos del mapa quienes promovemos los recursos, esta EUCC se disolverá igualmente. Y probablemente a no mucho tardar. Así que, cuando antes pensemos en las posibles alternativas para nuestro personal, mejor para todos. Especialmente para ellos. ¿Te parece descabellado que, por ejemplo, sean contratados por una futura asociación de vecinos y/o por el propio ayuntamiento, que deberá prestar los servicios que hace ahora la entidad en su nombre? A nosotros, no.
Exploremos esas y otras vías, pero no nos quedemos de brazos cruzados, aferrados a una EUCC que tiene los días contados. La política del avestruz, este no hacer frente a lo que está por venir, no suele aportar nada de provecho.
barrio cerro alarcón 
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