barrio cerro alarcón

Así que ya es oficial: la entidad cobró de más a los vecinos en 2023 (y en 2022, 2021…)

Dice la R.A.E. que nulo es aquello “falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes”. El ayuntamiento de Valdemorillo ha desestimado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la junta rectora de la EUCC Ampliación Cerro Alarcón contra la resolución que anulaba el presupuesto para 2023 por contener gastos impropios. Y pone fin a la vía administrativa. Pero lo hace tan tarde que aquel presupuesto, diga lo que diga la R.A.E. y resuelva lo que resuelva el órgano tutor, obligó y tuvo efecto.  

El combo perverso entre la parsimonia de la administración y las maniobras dilatorias de la junta —véase, por ejemplo, que presentaron su recurso el último día del plazo de tres meses— ha dado sus frutos, y ahora es imposible, materialmente imposible, que se cumpla la resolución municipal que pedía en noviembre de 2023 que se confeccionara un presupuesto sin gastos impropios, que se convocara una nueva asamblea para aprobarlo y que se calculara la cuota conforme a los estatutos de la entidad. 

Superada la sensación agridulce de saber que el recurso que interpusimos ha prosperado pero no tendrá efectos prácticos, nos damos cuenta de que sí, de que esta resolución nos ofrece una utilidad que vamos a aprovechar: la de poder decir alto y claro a los miembros de nuestra junta rectora que se asoman a este blog —de hecho, sus malas prácticas son la causa de que exista este blog— que nos han cobrado más de lo permitido para una EUCC, y han destinado ese dinero a usos no debidos, ¡incluso a cenas de la junta! También se lo diremos de viva voz en la próxima asamblea…. y en las siguientes hasta que se disuelva la entidad.  

Queremos suponer que, además, el fondo de la resolución será extrapolable y servirá para que el ayuntamiento pueda responder —con mayor celeridad, por favor— los otros recursos interpuestos contra ésta y otras entidades urbanísticas por el mismo motivo. 

Lo peor de todo es que lo que ratifica el órgano tutor que se ha hecho mal en 2023, se hizo igual de mal en 2022, 2021… y también en 2024, cuyos presupuestos han corregido lo más explícito, pero no han erradicado los gastos impropios, los han camuflado.  

En definitiva, es oficial que nuestra junta ha utilizado parte de los fondos de la EUCC para fines que exceden la conservación de la urbanización, que es lo que exige la ley a los obligados miembros de las entidades urbanísticas [y no es poco]. Con el agravante de que ha dejado deteriorar nuestra urbanización amparándose en el falso mantra de que «el mantenimiento es del ayuntamiento porque estamos recepcionados”, pese a ser JUSTO AL REVÉS: cuando el ayuntamiento recepciona una urbanización, comienza para la entidad urbanística la obligación de conservar. Tampoco en esto se nos hacía caso. 

Luz y taquígrafos 

¿Y ahora qué? ¿Cómo se nos resarce de esto? Ha acabado la vía administrativa, pero no la legal, y no sabemos si esta junta rectora acudirá a los tribunales [para que también le quiten la razón después de (mal)gastar, una vez más, el dinero de sus miembros] No lo sabemos porque la cerrazón informativa ha vuelto a Ampliación Cerro Alarcón, si es que alguna vez se había ido. Por no saber, no sabemos quiénes ocupan los cargos de la junta rectora, porque los nuevos nombramientos ni siquiera han sido comunicados.  

Así que los acuerdos de la junta siguen siendo un misterio para sus miembros, lo que conculca nuestro derecho a la información y a la impugnación [porque ¿cómo vas a impugnar un acuerdo que no sabes que ha sido adoptado?] El concejal del ramo acaba de requerir a la junta rectora que ponga fin a este apagón informativo porque va en contra de la mismísima Constitución, la Ley de Transparencia e, incluso, los Estatutos que tanto le gustan a la junta y detrás de los que se atrinchera para justificar algunas prácticas que retuercen el sentido de la ley. Recordando, el concejal, que la junta ya fue objeto de una resolución del Consejo de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea de Madrid que les obligaba a poner a disposición de sus miembros la información que obra en su poder por su carácter público.  

Sencillamente, un gestionar de espaldas a los gestionados que no es de recibo en 2024. 

¡Gracias por leernos! 

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