Transparencia, la asignatura pendiente de un ayuntamiento que recibió 16.300 registros en 2022, pero desconoce cuántos ha resuelto
Un dato: en 2022 el ayuntamiento de Valdemorillo recibió 16.295 registros de ciudadanos. Y una preocupación: nuestro consistorio desconoce cuántos se referían a quejas, sugerencias o recursos, y si han sido solucionados.
Queríamos confirmar si se trata de un hecho puntual —si solo nos pasa a nosotros y a nuestros allegados— o es generalizada la falta de respuesta del ayuntamiento de Valdemorillo a sus vecinos. Así que preguntamos por la solución dada a 9 de los 102 tipos de trámites municipales el año pasado, solo aquéllos que suponen una reclamación o una propuesta.
Lo hemos hecho con el fin de aterrizar el runrún vecinal de que aquí no se contesta nada, que este ayuntamiento nos aparca a nosotros y a nuestros pequeños o grandes problemas en un limbo sin fin. O nos obliga a resolverlos en los juzgados, siempre y cuando tengamos el tiempo y la economía suficientes para permitirnos el lujo de contribuir a su colapso.
La respuesta del consistorio —que se agradece en la medida en que deja intuir un tímido cambio— es que solo puede facilitar el número de peticiones registradas en 2022, pero nada sobre su tipo o si se han solucionado. ¿El motivo? La falta de capacidad técnica y humana, al menos eso ha pretextado. Vamos, que el ayuntamiento peta si se propone saber eso que preguntamos.
Capacidades aparte, la cuestión radica en que sería de agradecer que este ayuntamiento nuestro mostrara cierto interés por conocer de qué se quejan sus vecinos y si se les atiende, sin olvidar que está obligado a publicar las estadísticas de las quejas más frecuentes y si han sido solucionadas.
Así lo manda la Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 17 apartado g) dice que [las administraciones concernidas por esta norma] “harán pública y mantendrán actualizada la información sobre el número de reclamaciones presentadas y el número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los interesados, así como el listado de quejas y reclamaciones habituales”.
Hay que decir en descargo del ayuntamiento que, en diversas resoluciones, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad de Madrid ha permitido inadmitir solicitudes de este tipo “cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”.
Y no es nuestra intención que el ayuntamiento sustraiga parte de sus escasos recursos para dar respuesta a nuestra inquietud. Al contrario. Es solo que pensábamos que el propio ayuntamiento tendría esa respuesta a mano, porque le presuponíamos interés en saber de qué se quejan sus ciudadanos, así como capacidad suficiente para programar a tal fin su sede electrónica y los equipos informáticos asociados al registro presencial. ¿O es que solo trabaja en modo manual?
Hablando de (falta de) transparencia, la guinda del pastel es lo último de la EUCC Ampliación Cerro Alarcón, cuya junta, por primera vez en al menos 20 años, que tengamos constancia, ha enviado un resumen de los acuerdos adoptados en su reunión mensual de septiembre. ¡Albricias! ¿Por la intervención de nuestro ayuntamiento, su órgano tutor? Pues no, pese a tener nuestro recurso administrativo registrado hace más de 16 meses y tachar de antidemocráticas estas cosas que nuestra junta hace —o más bien que no hace—, como, además de no informar de sus acuerdos mensuales, no permitirnos consultar los libros de actas o las facturas que pagan con nuestras cuotas, a veces a partidas impropias de una entidad urbanística. El milagro lo han obrado los primeros trámites iniciados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que acudimos por la inacción del consistorio.
No, el equipo de gobierno no puede presumir de Transparencia y Buen Gobierno. Puede que sea su intención, no solo no lo discuto, sino que lo deseo; pero no es una realidad. Es más, es una deuda que el ayuntamiento ha adquirido con todos nosotros, y muy especialmente con esos vecinos inquebrantables que llevan más de treinta años sin respuestas. ¿Verdad, querido Matas?


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